Que la Resolución 1325 es un mecanismo para empoderar a las mujeres antes del conflicto, durante el conflicto en la búsqueda de soluciones y después del conflicto en la reconstrucción del tejido social y la reconciliación nacional e internacional. 

Que la Resolución 1325 se refiere a los compromisos contraídos por los Estados Parte tanto en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma). 

Que la Trata y el Tráfico de Mujeres, Niñas, Niños y Jóvenes en la Región Latinoamericana y del Caribe es un fenómeno creciente, debido, entre otros, a la situación de pobreza y pobreza extrema; el genocidio del hambre; el encarecimiento de los productos básicos; la falta de oportunidades; las profundas disparidades y desigualdades entre los géneros; la violencia y la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres en nuestros países, agravada por su condición de edad, origen étnico y raza, retos especiales, creencias religiosas, y otras exclusiones; y a que en varios países no se cuenta con políticas públicas, programas, planes de acción y leyes, y aunque existan en otros, no muestran resultados verdaderamente efectivos, hasta ahora, en la prevención, protección y combate a estos flagelos.

Que la Trata y el Tráfico de Mujeres, Niñas, Niños y Jóvenes en nuestra Región, como en otras partes del mundo, se ve agravada por la trata interna con propósitos de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, abusando de la situación de vulnerabilidad y pobreza de las víctimas y posibles víctimas, siendo éste un fenómeno mucho más extendido que la trata internacional.

Que la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas es una forma grave de violencia contra las mujeres según se establece en la Plataforma y Plan de Acción de Beijing y una forma contemporánea de esclavitud. 

Que el Dolor que Sufren las Víctimas y sus Familias y las consecuencias que tiene sobre hijas e hijos, madres y padres, es irreparable, y los sistemas de justicia ofenden nuevamente a las víctimas estigmatizándolas y revictimizándolas, negándoles el acceso a la justicia y a la reparación y resarcimiento del daño ocasionado.  Que en consecuencia, hasta tanto no se haga visible y se comprenda su gravedad, no habrá sanción efectiva.

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Que Cualquier Forma de Violencia contra las Mujeres, entre Ellas la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas es un obstáculo que impide la democracia, el desarrollo y la paz y que urge frenar, rechazar y atacar la naturalización y banalización del problema, emitiendo y ejecutando políticas de seguridad de los Estados y de los sistemas de justicia, acordes a la dimensión de este flagelo, para recuperar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias

En Consecuencia, Exigimos:

Primero.  La difusión amplia y la aplicación efectiva de la Resolución 1325 en el derecho interno de nuestros países, así como su utilización en el empoderamiento de las mujeres para que se vuelvan actoras en las mesas de diálogo y negociación, bajo los principios del derecho internacional

Segundo.  La difusión amplia y la aplicación efectiva de la Resolución 1325 en el derecho interno de nuestros países, así como su utilización en el empoderamiento de las mujeres para que se vuelvan actoras en las mesas de diálogo y negociación, bajo los principios del derecho internacional

Tercero.  El respeto y el cabal cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), de las Recomendaciones Generales y de las Observaciones Finales por país del Comité de la CEDAW y la ratificación inmediata de su Protocolo Facultativo, en el caso de los países que no lo hayan hecho

Quinto.  Repudiamos el injusto bloqueo económico a Cuba y exigimos su cese inmediato, ya que constituye un atentado contra los derechos humanos del pueblo cubano y especialmente de sus mujeres, niñas, niños y jóvenes. 

Sexto.  Exigimos políticas públicas, planes de acción y leyes efectivas contra la trata y el tráfico de mujeres, niñas, niños y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos. Proponemos la elaboración inmediata de una Ley Marco que garantice la prevención, la protección de las víctimas, y el enjuiciamiento y sanción de los tratantes y explotadores, e incluso adoptar medidas legales y de otra índole para desalentar la demanda, ya que, firmemente creemos que, sin demanda no hay explotación.  Rechazamos la corrupción y las redes de complicidad que amparan a la delincuencia organizada nacional e internacional, dedicada a traficar y tratar mujeres, niñas, niños y jóvenes. De igual modo, repudiamos el avance de la narcopolítica en nuestra Región. No podemos ni debemos permitir su naturalización en nuestras sociedades y nos pronunciamos para que no se sigan usando mujeres, niñas, niños y jóvenes para el tráfico de drogas y, en cambio, se les reconozca como víctimas y no como delincuentes. 

Octavo.  Exigimos a nuestros países el cumplimiento de las Metas del Milenio, el combate frontal y decidido a la pobreza y la pobreza extrema, a la hambruna que amenaza la paz interna de nuestros países y que se constituyen en un genocidio físico y moral por la violación al principio de la debida diligencia; el cuidado y no encarecimiento del agua y la adopción de medidas eficaces contra la destrucción de la tierra. 

Noveno.  Demandamos justicia y paz en Latinoamérica y el Caribe, porque las mujeres, las niñas, los niños, las y los jóvenes tenemos derecho a una vida libre de todas las violencias y a gozar de todos los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, por lo que se les debe dotar de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad

Décimo.  Exigimos que se reconozca el aporte, la experiencia y la sabiduría de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, expertas por su labor y su compromiso, celebrando consultas con las organizaciones y redes existentes en la región, cuando se elaboren políticas y se tomen medidas para la prevención, la protección y la sanción de la trata y el tráfico de mujeres, niñas, niños y jóvenes.  Cualquier ley, acción o política deben ser género sensitiva, no pueden ser neutrales al género.

Convocamos:

A las Mujeres de Paz de Latinoamérica y del Caribe y de todas las regiones y países del mundo, para que hagan suyo este pronunciamiento y condenen, colectiva e individualmente, el intento de criminalizar las actividades de paz que ha llevado a cabo la Senadora Piedad Córdoba, en el conflicto armado no internacional en Colombia.

Condenamos y Rechazamos:

Cualquier intento de criminalizar las acciones que realizan las mujeres latinoamericanas, caribeñas y del mundo por la paz, la justicia y el desarrollo.

Dado en San Miguel, Buenos Aires, Argentina,  el 30 de mayo del 2008.

¡Por la Vida de las Mujeres, No más Impunidad!

¡Contra las Violencias, Todas las Voces!

¡Las Mujeres en las Mesas de Diálogo, Negociación y Toma de Decisiones!

¡Ni una Mujer más Víctimas de las Redes de Prostitución!

¡Por el combate efectivo y eficaz a la pobreza, al hambre y por la dignidad!

¡Verdad, Justicia, Reparación y Paz!